Mataron a Judith Adriana Vergara, ocho años después continúa la impunidad

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Imagen tomada de Internet.

Hace ocho años fue asesinada la Defensora de Derechos Humanos y líder social y política, Judith Adriana Vergara, madre de cuatro hijos y compañera nuestra pues estaba vinculada a la ong Corpades, También hacía parte del Polo Democrático Alternativo y de Redepaz Antioquia. Su trabajo era realizado principalmente en la comuna 13.

Los autores materiales e intelectuales del asesinato de Judith siguen sin ser vinculados al proceso penal. Ocho años lleva Corpades denunciando que el  grupo paramilitar los ‘Pesebreros’, dirigidos por Freyner Alfonso Ramírez García alias ‘Carlos Pesebre’ y adscritos a la Oficina del Valle de Aburrá, fueron los autores de su muerte, la cual ocurrió en el perímetro de la IV Brigada del Ejército, al interior de un bus de servicio público de cubría la ruta Circular Coonatra.

Transcurren los años y la impunidad sigue evidente, a pesar de los compromisos adquiridos por la Administración Municipal de Medellín, en cabeza del entonces alcalde, Sergio Fajardo Valderrama, y por quien era vicepresidente de la República, Francisco Santos, y por quienes han ocupado hasta el día de hoy el cargo de Fiscal General de la Nación.

Meses antes de su asesinato, organizaciones sociales y comunitarias de la comuna 13, y del resto de la ciudad, venían denunciando el grave riesgo de seguridad que corrían los líderes sociales debido a la presencia de estructuras paramilitares que, en alianza con sectores de las fuerzas militares, policía y DAS, buscaban tomar el control no solo territorial sino comunitario y político de las comunas de Medellín; política criminal seguida bajo las directrices de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, actualmente preso en una cárcel de los Estados Unidos.

El ejemplo más contundente de que algo ocurría en la comuna 13 fue el asesinato de Hayder Ramírez, ocurrido el 23 de agosto del año 2006, otro líder comunitario ultimado por las balas paramilitares de los ‘Pesebreros’.

 

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Imagen tomada de Internet.

La ciudad estaba advertida, los líderes comunitarios estaban pagando con sus vidas la labor social que ejercida y aun así seguían sin protección. Tampoco sirvió el Informe de Riesgo  Nº 009, expiddido el 21 de marzo de 2007 por la Defensoría del Pueblo, en el cual se solicitaba al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) que emitiera una alerta temprana para la comuna 13, en la que se obligara a la toma de las medidas necesarias para proteger a los líderes sociales.

Pero los líderes siguieron muriendo. Corpades recuerda, con dolor y frustración que la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama descalificó el informe con el argumento de que era “alejado de la realidad”; realizó un lobby en la ciudad de Bogotá para obtener respaldo político y trató de demostrar a través del documento Del miedo a la esperanza que todo estaba muy bien en Medellín. La jugada salió perfecta, el logro obtenido: tumbar la Alerta Temprana… Y 31 días después Judith fue asesinada.

El asesinato de nuestra compañera se podría contar como la crónica de una muerte anunciada, y la historia se repitió con muchos líderes sociales de esta ciudad, en donde no valieron de nada las denuncias y el Estado -embelesado con la supuesta desmovilización de los paramilitares urbanos- los descuidó y desprotegió.

Ocho años después de su muerte, Corpades no ha podido retornar al trabajo social y comunitario en la comuna 13, la cual está bajo el pacto del fusil. Desde entonces y a la fecha nada ha mejorado lo cual demuestra que las garantías reales de seguridad no existen en la ciudad de Medellín; ni el entonces alcalde Fajardo las implementó, ni ahora lo hace el alcalde Aníbal Gaviria las otorga.

Ocho años después, el modelo de seguridad parece calcado: reducción de homicidios y aumento de la desaparición forzada. Antes se llamaba “paratranquilidad urbana” o ‘Donbernabilidad’, hoy se conoce como pacto del fusil. Antes y después, los paramilitares cogobiernan la ciudad, fortaleciendo y arrinconando a las organizaciones comunitarias y por ende a los líderes sociales.

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Mataron a Judith Adriana Vergara, y ocho años después continúa la impunidad en la ciudad que protege más al crimen que a quienes lo enfrentan.

 

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